El diputado Mauricio Ojeda (Ind-Republicano) ha sido un nombre clave en la investigación del denominado Caso Manicure, una trama de corrupción vinculada a transferencias millonarias del Gobierno Regional de La Araucanía hacia dos fundaciones: Capacitación y Formación Laboral (Folab) y Fundación Educacional y Capacitación (Educc). El caso, que inicialmente involucraba la entrega de más de 730 millones de pesos para capacitar a mujeres vulnerables en Temuco y Padre Las Casas, destapó un fraude cuando se comprobó que las actividades previstas, como cursos de manicure, pedicure y masoterapia, nunca se concretaron.
El Origen del Caso
El escándalo comenzó cuando se descubrió que las capacitaciones, que incluían kits valorados en 2 millones de pesos por persona, jamás llegaron a las beneficiarias. Además, las dependencias de Folab fueron cerradas sin previo aviso, lo que generó denuncias y encendió las alarmas en la Fiscalía.
Entre los principales imputados del caso se encuentran Rinett Ortiz, Juvenal Ortiz (directivos de las fundaciones) y Susan Alarcón (ex funcionaria del Gobierno Regional), todos actualmente bajo prisión preventiva. Durante su formalización, los imputados mencionaron el nombre del diputado Mauricio Ojeda, revelando una relación financiera entre él y las fundaciones involucradas.
Los Vínculos Financieros de Ojeda
La conexión entre Ojeda y las fundaciones se hizo evidente cuando se descubrió que el diputado había transferido en 2022 alrededor de 45 millones de pesos a Rinett Ortiz en cinco pagos diferentes. Según Ojeda, el dinero provenía de un crédito de consumo que gestionó con el Banco Santander, con el fin de ayudar a Ortiz a cubrir una parte de las deudas que la aquejaban. A pesar de que Ojeda afirmó que el préstamo se hizo por amistad y que el dinero fue devuelto con intereses (unos 42 millones de pesos), la relación se tornó más turbia cuando se conoció que los fondos de las capacitaciones fueron desviados.
El propio Ojeda admitió la cercanía que mantenía con Rinett Ortiz desde 2006, una amistad que, según la Fiscalía, fue utilizada para facilitar que las fundaciones obtuvieran fondos públicos. Esto, sumado a la devolución del préstamo mediante fondos que, aparentemente, provenían de las cuentas de la fundación, aumentó las sospechas sobre el rol del diputado en la trama de corrupción.
El Desafortunado Consejo de Ojeda
Uno de los momentos más controversiales del caso ocurrió cuando un tercer hermano de los Ortiz, Miguel Ortiz, declaró que Ojeda había sugerido a su hermana Rinett destruir su teléfono para eliminar cualquier evidencia incriminatoria. Según Miguel, el diputado recomendó que quemara el dispositivo y justificara la acción alegando estrés y problemas psiquiátricos. Coincidentemente, pocos días antes de que la Policía de Investigaciones (PDI) solicitara el teléfono del legislador, este fue destruido. La defensa de Ojeda afirmó que el dispositivo había sido dañado por su hijo de tres años durante un accidente doméstico.
Del Testimonio a la Imputación
En un principio, Ojeda se presentó voluntariamente ante el Ministerio Público en calidad de testigo, explicando que su único rol había sido prestar dinero a una amiga en apuros. Sin embargo, las declaraciones de Rinett Ortiz y otros imputados, que señalaron que el diputado “apadrinaba” los proyectos a cambio de una parte de las ganancias, complicaron su situación legal. Estas revelaciones, junto con los antecedentes sobre el desvío de fondos y la destrucción de evidencias, llevaron a la Fiscalía a solicitar el desafuero del diputado.
La Confirmación del Desafuero
El proceso de desafuero de Ojeda fue inicialmente aprobado por la Corte de Apelaciones de Temuco, tras la solicitud de la Fiscalía. No obstante, el diputado intentó apelar la decisión ante la Corte Suprema. Finalmente, el 1 de octubre de 2024, la Corte Suprema, en un fallo unánime, ratificó el desafuero, permitiendo que Ojeda sea formalizado por fraude al fisco. La ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, declaró que la decisión confirmaba la resolución de la Corte de Apelaciones y daba luz verde para que el parlamentario enfrente cargos.
El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, quien estuvo a cargo de los alegatos ante la Corte Suprema, afirmó que el papel de Ojeda fue «crucial» en la ejecución del fraude. Según Garrido, el diputado no solo facilitó los contactos con funcionarios públicos para asegurar la aprobación de los proyectos, sino que también financió parte del funcionamiento de las fundaciones con recursos propios y de terceros.
Conclusión
La confirmación del desafuero de Mauricio Ojeda marca un hito en el Caso Manicure, al permitir que el diputado enfrente la justicia sin la protección de su fuero parlamentario. A medida que avanzan las investigaciones, queda claro que Ojeda jugó un rol activo en la trama de corrupción, ya sea facilitando financiamiento o gestionando las aprobaciones de los proyectos que nunca se materializaron. El destino legal del diputado ahora está en manos de los tribunales, donde se determinarán las medidas cautelares y posibles sanciones que podrían incluir, entre otras, la prisión preventiva.
