Comparando Penas entre Violencia Doméstica y Delitos Tributarios
La noticia sobre Jonathan Majors, reconocido por sus roles en películas de Marvel, toma un giro inesperado al conocerse su sentencia por un caso de violencia doméstica. El ex actor fue condenado por agredir y acosar a su expareja, resultando en una sentencia de 52 semanas en un programa de intervención contra la violencia doméstica.
Aunque los cargos podrían haber resultado en un año de prisión, los fiscales optaron por una alternativa de rehabilitación a través de un programa especializado. Este programa tiene como objetivo abordar las causas subyacentes de la violencia y proporcionar herramientas para prevenirla en el futuro.
Además, se emitió una orden de protección para la expareja de Majors, Grace Jabbari, como medida de seguridad adicional. Los eventos que llevaron a esta sentencia se remontan a marzo de 2023, cuando una discusión entre la pareja en un vehículo resultó en agresiones físicas documentadas por fotografías.
A pesar de ser declarado culpable por dos cargos, Majors mantiene su inocencia frente a las acusaciones. Este incidente no solo ha tenido repercusiones legales, sino también profesionales, ya que Marvel decidió prescindir de los servicios del actor luego de su implicación en este caso, a pesar de haber sido considerado para un papel importante en la franquicia.
La comparación con el caso Penta resulta inevitable. Mientras que los empresarios condenados por delitos tributarios recibirán una pena de asistir a clases de ética, otros individuos enfrentan consecuencias mucho más severas por sus acciones. Golpear a una mujer, como en el caso presentado, es un acto de violencia que causa daño físico y emocional duradero, y robar millones de pesos mediante delitos financieros como los perpetrados por Penta, es un ataque a la integridad de la sociedad en su conjunto.
La sociedad espera y exige que los criminales sean responsables de sus acciones, independientemente de su estatus socioeconómico. En el caso de la violencia doméstica, la ley debería garantizar que los agresores enfrenten consecuencias adecuadas, incluida la privación de libertad, para disuadir futuros actos de violencia y proteger a las víctimas.
La imposición de clases de ética como parte de la condena de los dueños de Penta puede parecer insuficiente e incluso irrisoria en comparación con la gravedad de sus crímenes financieros. Mientras tanto, los agresores domésticos, cuyas acciones causan un daño directo y tangible a las personas, a menudo reciben penas más leves.
Esta disparidad en el sistema judicial plantea preguntas importantes sobre la equidad y la efectividad de las penas impuestas en casos de delitos financieros en comparación con los delitos que afectan directamente a las personas. En última instancia, la justicia debe ser ciega y garantizar que todos los infractores sean tratados con igualdad ante la ley.
